A finales de febrero de este año, un panel compuesto por jefes de estados y ministros de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un reporte denominado Financial Integrity for Sustainable Development o, en español, Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible (Fatci, por sus siglas en inglés).

La intención de este panel era analizar el impacto de la evasión fiscal, del lavado de dinero y de los flujos de fondos ilegales en la posibilidad de que los países alcancen las Metas de Desarrollo Sostenible de 2030.

A diferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y de la Unión Europea (UE), que solo barren para adentro, Fatci consideró valioso el aporte y la participación de estados miembros de cada región del mundo sin importar el color de su piel o el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB).

Por un lado, el reporte recomienda la implementación de políticas fuertes y específicas que rijan la transparencia fiscal y, además, la creación de reglas fiscales que tengan como meta reformar la actual arquitectura fiscal global. Indirecta, pero correctamente, el informe busca restarle poder a la Ocde y a sus esbirros y otorgárselo a una institución global con legitimidad como la ONU.

Por otro lado, la pieza central de este reporte descansa en la creación de un acuerdo fiscal, negociado bajo los auspicios de la ONU, entre todos los países miembros de dicho organismo, en igualdad de condiciones, que sea inclusivo y que establezca estándares rigurosos para el intercambio de información y la cooperación fiscal.

Como expresa Alex Cobman del Tax Justice Network: “Las recomendaciones del reporte son directas y basadas en un análisis de su informe interino de septiembre 2020. Estas reformas, ellos ven, serán necesarias para corregir las fallas principales de la arquitectura global actual. Es decir, las fallas fundamentales de la Ocde y sus relacionadas en proveer avances justos, efectivos y globales en la lucha contra el abuso fiscal.”

El miembro del panel de Fatci y Primer Ministro de Paquistán, Imarn Khan, acotó: “los organismos internacionales que tratan con evasores fiscales, corrupción y financiamiento ilegal deben ser inclusivos y representativos. No deben ser usados como un instrumento de coerción y presión en contra de los países en vías de desarrollo.” (el subrayado es nuestro). Más claro, imposible.

Tove Maria Ryding, Coordinadora de Impuestos de Eurodad (European Network on Debt and Development), expresó sobre este mismo informe emitido por el panel Fatci: “Como resalta el reporte, es el momento de que los gobiernos negocien un acuerdo fiscal global bajo la ONU en el cual todos los países puedan participar en igualdad de condiciones. Así como tenemos acuerdos globales para la crisis climática, necesitamos una herramienta similar para el sistema internacional de impuestos. Por años, los países en vías de desarrollo han estado haciendo llamados para una negociación intergubernamental en la ONU, pero hasta ahora, los países miembros de la Ocde han estado bloqueando esta propuesta con el fin de mantener el poder de las decisiones en dicho foro donde ejercen pleno control. Este tipo de juegos de poder político deben parar.”

Ahí lo tienen. La Ocde es un globo inflado cuyo valor se lo dan, en sus mentes, los burócratas que laboran en ella y los países acomplejados, como el nuestro, que le rinden pleitesía a un grupo de ejecutivos de quinta que buscan taquillar a costa de naciones más débiles.

Para los que abogamos por un level playing field, desde hace años, regido bajo el Derecho Internacional Público y no por los caprichos de los oficinistas en Bruselas, esto puede ser la luz al final del túnel. Y lo será, siempre y cuando Panamá sepa utilizar esta ventana y que sus diplomáticos empujen, junto a otros países, este acuerdo global bajo la ONU.

Sería imperdonable que nuestra Cancillería no se empeñe en que esta iniciativa coja fuerza pues los motivos son obvios.

Misonius Rufus
Abogado y analista internacional

Fuente: Capital Financiero

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