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El término beneficiario final sin definición nítida en Panamá

El reporte publicado acerca de Panamá por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información (“Foro Global”), en noviembre de 2019 y que se refiere a la revisión interpares llevada a cabo hasta agosto de 2019 (“Peer Review Report”), señala que las leyes de Panamá deben asegurar que la información sobre beneficiarios finales de fundaciones de interés privado esté disponible en todo momento y que la Ley 23 de 2015 no es suficiente para ello.

El “Peer Review Report” también establece que Panamá debe contar con procedimientos de identificación del beneficiario final que deban aplicar todas las entidades financieras y no financieras obligadas a aplicar debida diligencia y que sean consistentes con el estándar de Intercambio de Información Previa Petición (“EOIR”).

La definición de beneficiario final y los procedimientos para identificar a dicha persona natural deben ser aplicables a todo tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica. En principio, respecto de entidades panameñas, la definición y los procedimientos deberían aplicar a sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado, sociedades civiles, fideicomisos, etc. A todo tipo de entidad, tenga o no personalidad jurídica. Igualmente, deben ser aplicables respecto de entidades extranjeras cuando sean objeto de debida diligencia en Panamá para la identificación del beneficiario final por parte de instituciones panameñas

Sin embargo, en Panamá, aún no tenemos una definición homogénea que aporte nitidez y facilite la operatividad del concepto armónicamente. El reto no está en publicar leyes, sino en que las leyes sean técnicamente precisas y en que se implementen con seguridad jurídica y certeza para los agentes llamados a cumplirlas, evitando sanciones que dependan de la discrecionalidad de algún funcionario en la interpretación de un término sin contornos claramente definidos. Además, debemos construir y consolidar la buena reputación del país.

Por ejemplo, si una fundación de interés privado panameña desea abrir una cuenta en un banco panameño, el banco, antes de la apertura, está obligado a llevar a cabo la debida diligencia para determinar quién o quiénes son los beneficiarios finales. Igualmente, el bufete de abogados que funja de agente residente de esa fundación tiene que hacer lo propio. Idealmente, las conclusiones del banco y del bufete de abogados, acerca de quién o quiénes son los beneficiarios finales, tendrían que ser idénticas. De manera que si alguno de esos beneficiarios finales es persona estadounidense reportable (FATCA) y/o persona reportable (CRS), dichas personas naturales serían reportadas por el banco automáticamente en el año calendario siguiente, salvo excepciones de ley. Si el país destinatario de la información reportada automáticamente (EE.UU. o alguna Jurisdicción Reportable), luego de revisar la información recibida, lleva a cabo alguna solicitud a la DGI bajo el estándar EOIR para indagar más acerca de la fundación y sus beneficiarios finales; la DGI consultaría el Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas creado mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020, si ya está funcionando, y la información registrada por el bufete de abogados debería ser idéntica a la transmitida por el banco, en lo que se refiere a los beneficiarios finales. Lamentablemente, la definición de beneficiario final establecida en el artículo 2 de la Ley 129 no garantiza este resultado, puesto que difiere de la definición del GAFI, de la definición del CRS y de la definición aplicable para FATCA que es la misma aplicable para el CRS. Y esto, asumiendo que el Registro incluirá a las fundaciones, puesto que el artículo pertinente de la Ley129 pareciera dejarlas por fuera, al igual que a las sociedades de responsabilidad limitada. Que no se nos olvide que el intercambio automático de información vigoriza al EOIR. Es decir, las solicitudes bajo el estándar EOIR no van a disminuir sino aumentar, gracias a la información que reciben los países automáticamente hoy en día.

Tomemos en cuenta, además, que en Europa (Luxemburgo y Reino Unido) ya se están implementando las normas modelo de la OCDE para prevenir la elusión del CRS, normas incorporadas al Derecho Comunitario bajo la DAC6 (intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información). Estas normas traen más complejidad al sistema y descansan sobre el estándar. Panamá no debería estar al margen de esta realidad que se acerca. También nos van a tocar la puerta con estas normas, prontamente. No hagamos como el avestruz. Hagamos bien las cosas y salgamos de las listas ignominiosas para no volver a caer en ellas.

 Fuente: www.giin.tax

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